Desde que el Gobierno aprobara este pasado martes 29 de Marzo en Consejo de Ministros la limitación de la revisión de los alquileres al 2% durante los próximos tres meses, las reacciones, tanto de profesionales del sector, como de arrendadores y asociaciones de propietarios, no se han hecho esperar.

Cualquier persona familiarizada con los contratos de alquiler, ya sea como parte arrendadora o parte arrendataria, es conocedora de que la revisión de los precios de alquiler está sujeta, la mayoría de las veces, al IPC, el índice de referencia más utilizado, y que este mes de marzo ha alcanzado el 9,8%; la cifra más alta en 37 años.

Si bien el Gobierno no va a reformar la LAU, establecerá ese límite en base al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice alternativo al del IPC, que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE y que establece una revisión de los precios muy inferior a la que resulta de aplicar el IPC.

Pese a que el Gobierno insiste en que esta medida es excepcional, como consecuencia de las tensiones inflacionistas, acrecentadas ahora por el conflicto en Ucrania, hay ya voces que alertan de que esta medida podría extenderse en el tiempo si la situación no mejora.

Como nos indican desde el digital el Inmobiliario Mes a Mes , “La medida solo afecta a los contratos que se tengan que actualizar durante estos tres meses, es decir, de abril a junio. Por tanto, no afectará a los que tenían que actualizarse en función del IPC de marzo o antes, y tampoco a los nuevos u otros supuestos, ya que solo se aplica a los ya existentes”.

De nuevo se distinguirá entre grandes y pequeños propietarios: para los primeros -aquellos que tengan más de 10 viviendas en alquiler-, el límite de la actualización del 2% será obligatorio. En el caso de pequeños propietarios, primará el acuerdo entre las partes. Aunque ciertamente, en líneas generales, resultará difícil que un inquilino acepte una subida por encima de ese 2% cuando la normativa le va a amparar en caso de que no haya acuerdo.

En resumen; las revisiones de precios de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%. El objetivo es evitar subidas elevadas que perjudiquen al colectivo arrendatario. Además, el Gobierno aumentará un 15% durante tres meses la cuantía de la ayuda del ingreso mínimo vital.

Sin embargo, las voces en contra no se han hecho esperar, colectivos y asociaciones de propietarios arrendadores cargan contra la medida aprobada por el Gobierno y sugieren una medida alternativa como la de, según palabras de ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), “limitar la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos más volátiles del índice de precios como la energía y los alimentos no elaborados”. Si nos ceñimos a los datos de febrero del INE, mientras que la inflación fue del 7,6 %, la inflación subyacente fue del 3%.

Además, la asociación asegura que la medida “carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las administraciones públicas”. Añaden que “tendrían más sentido medidas incentivadoras en las que se favorezca a los arrendadores que voluntariamente no agoten la actualización de IPC o directamente, ayudas a los hogares”.

ASVAL señala que “el sector del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes, como en electricidad, gas y materiales. Medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo provocarán, en el medio y largo plazo, una limitación y encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler”.

Por todo ello, solicitan al Gobierno que la medida aprobada sea realmente una recurso excepcional y limitado en el tiempo y no se prorrogue de manera permanente en forma de Real Decreto.

Fuente: elinmobiliariomesames.com

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