Según avanzan desde el digital Cinco Días, parece que ya hay un acuerdo en el horizonte; “el CEO de los servicers inmobiliarios de Blackstone Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce, y en nombre de la asociación empresarial ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), afirmó este miércoles que los grandes tenedores están a favor de llegar a un acuerdo de colaboración público-privada con el Gobierno para poner a disposición 30.000 viviendas sociales. Así lo manifestó en ayer en la jornada anual del Club Inmobiliario de la escuela de negocios Esade”.
En definitiva; esto se traduce en la disposición de los grandes propietarios residenciales, entre los que se encuentran fondos, gestoras y promotoras, de ceder al menos 30.000 viviendas al maltrecho parque de viviendas de alquiler social y/o alquiler asequible.
Por parte de ASVAL, piden que, para dotar al acuerdo de una mayor seguridad jurídica, éste se firme con la Administración Central y no con las Comunidades Autónomas.
La propuesta sería una cesión al Estado por 25 años con un importe de renta de alquiler un 20% por debajo de la que marque el mercado. De los perfiles de los arrendatarios se encargaría el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
Añaden desde el digital que “podrán incluirse viviendas vacías, pero también ocupadas cuando haya criterios de vulnerabilidad, según la propuesta de los propietarios, para tratar de regularizar viviendas ocupadas ilegalmente”.
Si bien la propuesta y el procedimiento están aún en fase de análisis es probable que se oferte a través de alguna convocatoria pública a la que puedan acceder estos grandes propietarios.
Sin embargo, en palabras de Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio a cargo, 30.000 viviendas son insuficientes, y deja la competencia en manos de las Comunidades Autónomas.
El MITMA, “lleva trabajando desde hace cerca de dos años para nutrir el mercado del alquiler asequible en España con 100.000 nuevas viviendas durante la legislatura. La cifra, que multiplica por cinco el objetivo inicial del Ejecutivo, es el resultado de sumar los inmuebles del Plan 20.000 con la movilización proveniente de la Sareb y el sector bancario, por un lado, y la de los grandes propietarios y fondos con los que negocia el Gobierno, por otro. En esta cuenta también entrarían las casas construidas con cargo al fondo de recuperación europeo”.
Según las previsiones de los servicers, “el parque de vivienda social del ministerio rondará las 44.000 viviendas, mientras que unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada. Es aquí donde entrarían las viviendas de los grandes propietarios”.
Y dentro de las correspondientes a esta colaboración público-privada, aproximadamente 11.000 procederían del fondo social acordado entre Gobierno y banca, y a la vez, la gestión de otras 15.000 se está cediendo ya a las administraciones regionales y locales con el mismo destino.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/
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