Hoy os compartimos un resumen de un artículo muy ilustrativo que recoge el digital ABC en el que diferentes expertos someten a examen a nuestro país en materia de rehabilitación energética, y el resultado, es claro; rotundo suspenso.
La confusa y lenta burocracia unida a la falta de información o desconocimiento parecen ser algunas de las trabas por las que estas actuaciones tan necesarias no terminan de despegar.
La situación, que exige de un sólido compromiso por parte de todos los actores económicos, políticos y sociales, se puede resumir en el siguiente titular: “de los más de cinco millones de edificios certificados energéticamente en nuestro país, más del 80% está calificado entre la E y la G en términos de emisiones, mientras que en el otro lado de balanza encontramos apenas un 1% a los que les corresponden las etiquetas A y B”.
Cabe señalar que, en cuanto a normativa, la primera regulación llegó a España en 1979 (la norma básica de edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios) de la que surgió el Código Técnico de la Edificación de 2006; por lo que no es difícil entender, dada su antigüedad, que “aproximadamente un 60% del parque de viviendas en España no presenta unas condiciones de aislamiento adecuadas, al no contar con criterios de eficiencia energética en su diseño y construcción”.
Además de la necesidad de revertir esta situación por cuestiones de salud climática, se hace también necesario el cambio por una cuestión de puro ahorro, y no solo energético. ”En aquellos edificios con un aislamiento insuficiente, entre un 50% y un 65% de la energía destinada al acondicionamiento térmico del hogar se pierde a través de una envolvente ineficiente”.
La solución, por tanto, para un parque edificatorio que está muy lejos de cumplir con los estándares de eficiencia energética pasa necesariamente por la rehabilitación. Pero como nos explican los especialistas, la adopción de estas medidas tan necesarias parece haberse estancado y es que a estas alturas el mensaje parece que no ha terminado de calar. En palabras de Mauro Manca, fundador de la consultora Energreen Design “las instituciones públicas y las financieras como los bancos no apoyan lo suficiente una acción que podría generar un gran negocio y un beneficio para todos”. Señalan también al inmovilismo social; “todavía hay una escasa concienciación sobre los efectos nocivos que tiene hacer un mal uso de la energía y no sacarle un rendimiento óptimo” según Óscar del Río, director general de Knauf Insulation.
Es evidente que, a fecha de hoy, España suspende en materia de rehabilitación energética, y para muestra, los datos; “a diferencia de otros países, como Francia, Austria o Alemania, donde la tasa de rehabilitación es del 1,5-2% al año, España se sitúa entre 8 y 10 veces por debajo de la media” en palabras de Marta Vall-llossera, presidenta en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Es más, las ayudas europeas destinadas a la rehabilitación de nuestro parque residencial, de momento, no están cumpliendo con los objetivos, a lo que hay que sumar la lentitud en la gestión de estos fondos por razones que atienden principalmente al desconocimiento y a una burocracia confusa.
De hecho, como apuntan desde la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación (Red OAR) de los Colegios de Arquitectos “el ciudadano de a pie ignora que existen ayudas y ventajas fiscales para hacer que su edificio deje de ser un depredador energético. Igualmente, ignora los beneficios que podría obtener en términos no solo de calidad de vida, sino en lo que respecta a sus finanzas personales y a la revalorización de su inmueble.”
Y en lo que respecta a las administraciones; los expertos coinciden al afirmar que no se ha hecho suficiente campaña a nivel informativo y que las facilidades que se ofrecen para su tramitación son escasas, aparte, como ya se ha apuntado, de la lentitud en los tiempos de respuesta.
Y en medio de este panorama, la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), tal y como marca Bruselas, nos exige el establecimiento de los llamados Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS) por los que “(…) será obligatorio que todas las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética E en 2030 y D o superior en 2033. Llegar a la etiqueta A o B será necesario en 2040, y a partir de 2050 únicamente será válida la calificación más alta”. Tenemos margen, sí, pero parece que habrá que darle algo de velocidad a la carrera si se pretende alcanzar la “neutralidad de carbono” en 2050.
Lo que es indudable es que muchos, muchísimos hogares, no tienen la capacidad económica real para asumir los costes de estas rehabilitaciones que, entre otras cosas, van encaminadas al ahorro, ya no solo energético, sino económico, y es por ello que los procedimientos deberían simplificarse y agilizarse ya que de lo contrario no llegaremos a los hitos que marca la directiva y muchas viviendas quedarán en los márgenes de la normativa.
Fuente: ABC
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